Con el objetivo de prevenir y tratar el consumo de drogas con un enfoque educativo y de salud pública, la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (morena) propuso incorporar las pruebas antidopaje como requisito de inscripción o reinscripción en instituciones públicas de educación media superior y superior.
La iniciativa para reformar la Ley de Educación estatal plantea que, de manera paralela, se establezcan protocolos éticos, confidenciales y preventivos, sin implicaciones punitivas, y con acceso garantizado a programas de apoyo y rehabilitación para quienes lo requieran.
Durante sesión deliberante, la proponente subrayó que el marco jurídico debe entenderse como una herramienta complementaria de las estrategias preventivas que, lejos de criminalizar a las y los estudiantes, tenga un enfoque de detección temprana, canalización médica y acompañamiento psicosocial, respetando en todo momento la confidencialidad, el consentimiento informado y la no estigmatización.
La propuesta puntualiza que, para la inscripción o reinscripción, se presentará una constancia de prueba antidoping con resultado negativo, realizada en laboratorios certificados, con una vigencia no mayor a 30 días, la cual tendría fines exclusivamente preventivos y de promoción de la salud, con observancia de los principios de confidencialidad y respeto a los derechos humanos.
En tanto, los resultados positivos derivados de las pruebas no constituirán causal de exclusión definitiva de la inscripción; sin embargo, las instituciones educativas deberán canalizar a la o el estudiante a un programa de prevención o tratamiento integral, con base en protocolos de atención y con la participación de madres, padres o tutores. La reincorporación de la o el estudiante estará condicionada al seguimiento del tratamiento indicado por las autoridades de salud correspondientes.
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con la Secretaría de Salud estatal, así como con el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, emitirá los lineamientos generales para la aplicación de estas pruebas, el tratamiento de los resultados y la implementación de los programas de apoyo.
La diputada enfatizó que las escuelas mexiquenses merecen corresponsabilidad política, ética y legal, toda vez que la prevención del consumo de drogas no solo contribuye al bienestar individual de las y los estudiantes, sino que fortalece el tejido social, previene la violencia y construye condiciones reales de equidad educativa.
La iniciativa cita datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2019-2020, aplicada por la Secretaría de Salud federal, que identifica al grupo de entre 15 y 24 años como el que presenta los índices más altos de consumo experimental y habitual de drogas ilegales.