El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, encabezado por el legislador guerrerense Manuel Añorve Baños, denunció una estrategia sistemática y fuera de la ley que, aseguran, está ejecutando MORENA en diversas entidades del país, con especial énfasis en el Estado de México.
En conferencia de prensa desde la Cámara Alta, la senadora mexiquense Cristina Ruiz Sandoval fue enfática al exhibir lo que calificó como una “maniobra fraudulenta” del partido oficialista.
“Hacemos públicas las pruebas que demuestran los delitos electorales cometidos por MORENA. Son evidencias que ya están en manos del INE y que confirman un esquema de afiliación irregular. Si el Instituto no actúa con determinación, se convertirá en cómplice de este atentado contra la democracia”, sentenció.
Acompañada por varios legisladores priistas, entre ellos su coordinador Añorve Baños, Ruiz Sandoval detalló que ya se presentó una queja formal ante el INE, donde se describe el método que utiliza MORENA para incrementar artificialmente su padrón de militantes: presión, manipulación, uso político de instituciones educativas y una supuesta “afiliación voluntaria” que esconde coerción.
“Estamos frente a una práctica profundamente antidemocrática: están afiliando a ciudadanos sin su consentimiento informado, particularmente en escuelas públicas, con el respaldo de algunos docentes. Padres de familia son convocados a eventos escolares —como entrega de boletas o festivales— y una vez ahí, se les ‘invita’ a afiliarse al partido, bajo la promesa de facilitar el acceso a programas sociales”, explicó la senadora.
Ruiz subrayó que, aunque se presenta como algo opcional, el trasfondo es claro: se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente y se manipulan sus decisiones políticas, además de emplear espacios y recursos públicos con fines partidistas, lo cual atenta contra la legalidad y la equidad del proceso democrático.
La legisladora también alertó sobre otro frente: la afiliación forzada de servidores públicos. Según denunció, hay casos documentados de trabajadores del gobierno presionados o amenazados para sumarse a las filas de MORENA, como parte de una estrategia para alcanzar la meta de 10 millones de militantes.“Estamos ante una red clientelar que viola la Constitución, los derechos humanos y múltiples leyes en materia electoral, penal y de transparencia. No lo vamos a permitir”, concluyó.