Los Diputados Krishna Romero Velázquez y Pablo Fernández de Cevallos González, presentaron ante el Pleno del Congreso Mexiquense una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de México para homologar la legislación local a la federal en materia de maltrato animal y elevar a rango constitucional la prohibición expresa del maltrato animal, lo que significa dotar a esta causa la máxima jerarquía legal dentro de nuestro marco normativo.
Desde la máxima tribuna mexiquense, la diputada Krishna Romero detalló que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se tiene registro de 8.5 millones de perros en los hogares mexiquenses. De estos, se calcula que entre un 30% y un 40% vive en situación de calle, en condiciones deplorables, lo que refleja una alarmante falta de control y cuidado.
“ El Plan de Desarrollo del Estado de México 2023 – 2029, indica que en el año 2022, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) recibió 5 mil 953 denuncias por maltrato animal, relacionadas principalmente con animales de compañía caninos y felinos, lo que significa un promedio de 992 denuncias cada año y casi tres diarias, siendo los municipios de Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla y Tecámac quienes encabezan las estadísticas de denuncias por maltrato animal, concentrando la mayor parte de los casos reportados”, señaló la legisladora.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional subrayó que estas cifras no solo reflejan una problemática de bienestar animal, sino también una crisis social y de salud pública, que demanda una respuesta coordinada y efectiva para prevenir el abandono, proteger a los animales y promover una cultura de responsabilidad y respeto hacia ellos.
“Elevar a rango constitucional la prohibición expresa del maltrato animal significa dotar a esta causa de la máxima jerarquía legal dentro de nuestro marco normativo. Este paso asegura que los derechos de los animales sean protegidos de manera permanente y no queden sujetos a cambios temporales o de interpretación discrecional de las leyes ordinarias,” afirmó la legisladora por Tlalnepantla.
Desde el GPPAN estamos convencidos de que la protección de los animales no es solo un deber moral, sino una responsabilidad constitucional que el Estado debe asumir. La violencia contra los animales no es un tema menor; es un reflejo de los valores de nuestra sociedad. Si aspiramos a ser una entidad justa y avanzada, debemos dar este paso firme hacia una legislación que proteja a los seres vivos más vulnerables.” concluyó la diputada.