En la aprobación del Congreso mexiquense a las modificaciones electorales, que incluye facultar al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) a realizar la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial estatal, la bancada de morena aseguró que se busca la renovación de este poder como lo exige la población mexiquense, mientras que las bancadas del PRI, PAN, MC y PRD acusaron que no se resuelve la falta de justicia y que la reforma judicial ha ignorado a las minorías.
Durante la celebración del periodo extraordinario, de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por el diputado Maurilio Hernández González (morena), el parlamentario Edgar Samuel Ríos Moreno (morena), presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático, dio lectura a la iniciativa presentada por las bancadas de morena, PVEM y PT para reformar el Código Electoral del Estado de México, la cual destaca que representa un esfuerzo por devolverle al pueblo la confianza en un Poder Judicial que actúe en su nombre y en beneficio del interés colectivo.
Conforme a lo dispuesto por la reforma judicial federal, el Congreso mexiquense aprobó dotar de facultades al IEEM para realizar la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial estatal el 1 de junio de 2025, bajo el principio de que el poder reside en el pueblo, cuya participación activa y consciente es el cimiento de toda transformación institucional.
De acuerdo con el documento, la reforma judicial federal introduce principios y bases trascendentales para el humanismo mexicano, con el propósito de consolidar la independencia judicial y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, a través de la democratización de la elección de personas ministras, magistradas y juezas, y el fortalecimiento de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales.
Añade que con esta reforma se busca dar un paso más para cerrar la brecha histórica entre los órganos de justicia y la ciudadanía, promoviendo un sistema más humano, accesible y transparente, por lo que, al adoptar estas medidas, el Estado de México se convierte en un ejemplo de cómo las instituciones pueden transformarse desde dentro para servir mejor a su gente.
Por morena, y a favor de la reforma, el diputado Maurilio Hernández expuso que con ella la Legislatura seguirá construyendo el andamiaje jurídico que se requiere para cumplir con el mandato constitucional y renovar al Poder Judicial estatal por el voto popular, como lo ha exigido la voluntad de transformación de la población.
En tanto, el parlamentario Edgar Samuel Ríos Moreno expresó que la ciudadanía les dio la confianza para tener mayoría en el Congreso y garantizar su bienestar, además que la elección popular de las y los juzgadores legitimará al Poder Judicial.
Al reprochar que la iniciativa no se difundió con tiempo para su análisis, diputadas y diputados de las bancadas del PRI, PAN, MC y PRD votaron en contra de la reforma.
La legisladora María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) señaló que la elección de personas juzgadoras no garantiza la justicia pronta y expedita; no es democrática ni prudente; pone en riesgo a la entidad; lesiona el pacto federal y la división de poderes, y permite la intromisión de poderes fácticos.
Por el PAN, la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio afirmó que estas modificaciones no abonan a la reforma judicial que la población esperaba, sino que es un mecanismo para tomar más poder y más control, lo cual representa un regreso al autoritarismo.
Además, cuestionó que ahora se asignarán más recursos a la reforma judicial para su elección, pues existen otras problemáticas que necesitan atención.
El legislador Jorge Jiménez Martínez (MC) indicó que la reforma judicial solo causará un daño irreparable a las libertades de la población, por la falta de certeza sobre los personajes que podrán ser elegibles, su procedencia y su autonomía de actuación, pero reconoció que el Estado de México está en los últimos lugares de acceso a la justicia.
Su compañera parlamentaria, Ruth Salinas Reyes, apuntó que la reforma no garantiza la paridad de género y olvida las acciones afirmativas en favor de los grupos históricamente discriminados, y solicitó corregir la omisión en el articulado respectivo.
Para el legislador Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, la reforma es un producto legislativo desaseado, desatinado y poco institucional, ya que modifica 108 artículos del Código Electoral y crea un nuevo capítulo con 157 artículos, para lo cual solo tuvieron siete horas para analizar su contenido y alcance, y reprochó que en la Legislatura no se puede seguir avasallando a las minorías.
Este análisis y discusión se dio en el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones cuya directiva también la integraron la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM) y le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena), en las vicepresidencias; así como los legisladores Héctor Karim Carvallo Delfín (morena) y Jorge Jiménez Martínez (MC) y la legisladora Sofía Martínez Molina (PT), en las secretarías.