En la presentación del informe, titulado ‘Desarrollo social en tiempos de crisis convergentes: una llamada a la acción global’, el director de la división de Análisis y Política Económica del DESA, Shantanu Mukherjee, hizo hincapié en el «impacto persistente» de las crisis en los países más pobres.
El informe se suma a las numerosas llamadas de la ONU a la reforma del sistema global de financiación para el desarrollo, y estima que la pérdida de oportunidades de inversión en ese ámbito, fruto de las múltiples crisis, supondrá una pérdida acumulada de 50 billones de dólares entre 2020 y 2030.
«La desigualdad entre países, que seguía una tendencia estable, pero lenta, a la baja, realmente se disparó en 2020 y no se ha revertido», declaró el diplomático.
Haciéndose eco de que en 2022, la mayoría de países había devuelto la pobreza extrema a sus niveles prepandemia, pero no así los de baja renta.
Mukherjee explicó que el servicio de la deuda en los países pobres, acuciados por altas tasas de desempleo que aceleran las desigualdades, supone tal carga que supera el gasto público en sanidad, educación e infraestructuras, obstaculizando su avance hacia las metas de desarrollo social.