Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de México en el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado a poco más de 38 años en prisión luego de que un tribunal de Nueva York lo encontrara culpable de cargos por narcotráfico.
En febrero de 2023, García Luna fue declarado culpable de cinco cargos, por tener vínculos con un grupo criminal dedicado al narcotráfico, tomar parte en varias conspiraciones y hacer declaraciones falsas.
La esposa y la hija del otrora funcionario federal mexicano —Linda Cristina Pereyra y Luna García— llegaron al tribunal en Brooklyn, y fueron recibidas con gritos de “justicia” por parte de manifestantes que se congregaron afuera de la corte con pancartas en contra del ex presidente Calderón.
En una presentación judicial del 19 de septiembre, afirmaron que García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, dirigido entonces por Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, a cambio de protección a los miembros de la organización delictiva para evitar detenciones y ser favorecidos con sus envíos de cocaína.
La Fiscalía afirmó que García Luna se aseguraba de que los narcotraficantes fueran notificados con anticipación de las redadas y saboteaba operaciones policiales legítimas dirigidas a aprehender a los líderes del cártel.
Los narcotraficantes pudieron enviar más de un millón de kilogramos de cocaína de México a Estados Unidos, usando aviones, trenes, camiones y submarinos, durante las funciones de García Luna, señalaron los fiscales.
El Chapo Guzmán, quien fuera líder del cártel de Sinaloa, y que fue enjuiciado en el mismo tribunal durante 2018, testificó que él personalmente había entregado al menos $6 millones de dólares en sobornos a García Luna, y que varios capos acordaron formar un fondo de hasta $50 millones de dólares para pagar por su protección.
Los fiscales también afirman que García Luna conspiró para anular el veredicto del juicio del año pasado buscando sobornar o convencer de manera corrupta a varios reos del Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn para que apoyaran afirmaciones falsas de que dos testigos del Gobierno se comunicaron entre sí antes del juicio mediante teléfonos celulares contrabandeados.