Encabezados por Edgar Jesús Valencia Flores y Rómel Santos Hernández, ex policías municipales de San Mateo Atenco denunciaron que fueron despedidos injustificadamente por denunciar actos de corrupción.
En conferencia de prensa, a las afueras de la Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS) campus Lerma, expusieron que pese a las constantes solicitudes de equipo para trabajar, las condiciones laborales de la corporación son precarias, pese a que la actividad delictiva en el municipio va a la alza.
“Desde un principio el comisario Carlos Roberto Contreras Valdés, nuestro jefe, ha sido un déspota, se ha portado como capataz; su forma de ordenar es agresiva y no podías responderle porque te amenazaba con despedirte, con quitarte la patrulla, con castigarte”, expusieron los voceros.
Aunado a ello, expresaron su inconformidad por ser obligados a operar en la pasada elección en favor de la la hoy presidenta municipal que estaba en campaña, debiendo llevar cada uniformado 50 copias del INE de amigos o familiares.
“A nosotros los policías nos dijeron que apoyáramos o nos quitaban las patrullas y hasta podían darnos de baja. Por eso queremos que el pueblo se entere sobre la corrupción que hay en la Presidencia municipal, por ejemplo, el cuerpo de policía no hace rondines porque hay 18 patrullas que están en el corralón abandonadas”.
Esas patrullas, explicaron, no son chatarra, sólo les hace falta o alterador, o bomba de agua o mantenimiento menor, pero ahí las tienen, abandonadas; pero eso sí, no dejan de recibir el monto de la gasolina para 25, pero solamene siete son las únicas que sirven.
Aunado a ello, en tres años sólo les han dado un uniforme aunque les hacen firmar como si recibieran uno al año.
“Somos 24 policías; trabajamos 12 en un turno y los otros 12 en otro turno, nuestro horario es de 24 por 24; sin embargo, en cada turno no somos 12 los que hacemos rondines porque un compañero policía está en la puerta de la presidencia municipal, otro en la Deportiva, otro en el corralón y uno más en el puente de Tultepec”.
Los uniformados piden una investigación a fondo de parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que la situación mejore en favor de los policías que siguen en activo.