El diputado Max Correa Hernández alertó sobre la cascada de permisos y cambios de usos de suelo que los actuales gobiernos municipales, próximos a concluir sus funciones el 31 de diciembre, otorguen a inmobiliarias.
Esta situación, advirtió el Presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Estado de México, conlleva a que miles de viviendas sean construidas sobre áreas verdes y zonas donde la escasez de agua y la densidad de población ya es un problema grave.
Max Correa afirmó que el caso que ha prendido los focos rojos es el aval que otorgó el actual gobierno de Naucalpan, presidido por la alcaldesa Angélica Moya Marín, a la empresa Fortem Capital para construir en “El Cerrito”.
“Se trata de una de las últimas áreas verdes que hay en el fraccionamiento Lomas Verdes donde se pretende construir el desarrollo inmobiliario Terralago, que consta de tres torres con más de mil viviendas y centros comerciales”, señaló el legislador durante una junta informativa donde participaron científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y ambientalistas del Consejo de Cuenca de Presa Madín.
Durante el evento, las y los especialistas dieron a conocer a habitantes de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán los resultados del “Estudio de Toxicidad” del agua de la Presa Madín, donde señalaron que las descargas que realizan los fraccionamientos y colonias a este cuerpo de agua, aunado al nulo funcionamiento de las plantas tratadoras de agua, se debe las altas concentraciones de contaminantes que provoca la toxicidad del líquido que abastece a parte de los habitantes de Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán.
En este sentido, Max Correa llamó a la sociedad civil y las autoridades del gobierno del Estado de México a poner por delante los Derechos de la Naturaleza para denunciar y no permitir desarrollos habitacionales que destruyen la biodiversidad que aún existe en las zonas verdes y reserva ecológica del Valle de México.
Explicó que para proteger a la Naturaleza ya se cuenta con las reformas a la Constitución del estado (Artículos 5 y 18), que reconoce a la Naturaleza, la biodiversidad y las especies endémicas como sujetos de derechos para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.
Agregó que estas reformas constitucionales fueron parte esencial de los argumentos del amparo que promovieron ciudadanos de Naucalpan y Atizapán, para que un juez federal suspendiera de manera temporal la construcción del desarrollo Terralago en Naucalpan.