Urge que los candidatos a la presidencia de la república aborden el tema del marco legal en materia de delitos cibernéticos, ya que es importante tener claridad sobre cómo enfrentar estos delitos, debido a que la legislación actual carece de herramientas para sancionarlos.
Así lo dio a conocer Ezequiel Aguiñiga Tinoco, presidente colectivo Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI-México) y agregó que quien llegue a la silla presencial (Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez Máynez) debe actuar en consecuencia.
El presidente del Consejo de Administración de PSI-México, recordó que el avance tecnológico es vertiginoso y que la legislación nacional ha quedado rebasada para este tipo de actos ilícitos, que dañan con bolsas millonarias al Estado mexicano, las empresas y las personas en su patrimonio.
El también investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN) recordó que, durante el último trimestre del año pasado, se registraron en México dos millones 745 mil 738 fraudes cibernéticos, lo que equivale a 400 delitos por horas y seis por minuto en todo el país.
“Estos fraudes no sólo ocasionan pérdidas económicas millonarias para gobiernos, empresas y ciudadanos, sino que también evidencian un vacío legal en la tipificación de los delitos cibernéticos en México, tema que recae de manera directa en el Congreso de la Unión”, indicó.
Aguiñiga Tinoco, destacó que muchos de estos fraudes cibernéticos son perpetrados desde China o Colombia, lo que dificulta aún más la investigación y persecución de los responsables por parte de las autoridades mexicanas, sin embargo, hay que prepararse para combatir estas acciones.
“Por lo que es necesario que los candidatos presenten propuestas concretas para fortalecer el marco legal en materia de delitos cibernéticos. Y es fundamental que se promueva la creación de leyes que tipifiquen y sancionen de manera adecuada estos delitos, así como la formación de profesionales especializados en la materia”, señaló.
Finalmente, el investigador del IPN, recomendó por lo pronto invertir en mecanismos de seguridad para dispositivos personales, laborales y empresariales, “la falta de un marco legal adecuado, el déficit de profesionales en investigación de fraudes cibernéticos y la falta de interés del Poder Legislativo para actuar en consecuencia, son factores que facilitan la comisión de estos delitos”.