Las personas servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) tienen un papel fundamental para visibilizar y sensibilizar a la administración pública sobre la anticorrupción, la relación entre corrupción y género y la necesidad de impulsar políticas públicas con perspectiva de género, destacó la ex presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, Nancy García Vázquez.
Expuso que, de acuerdo con el Informe Global de Brechas de Género, retrocedimos 30 años en dos años de la pandemia por COVID-19, con lo cual, se incrementó la brecha de género, es decir, la medición de las diferencias entre hombres y mujeres, con lo cual regresamos a requerir 135.6 años para disminuir esa brecha, ya que las mujeres fueron confinadas al espacio doméstico en condiciones de inequidad y combinar actividades profesionales, familiares y de cuidados en el hogar.
Al impartir la videoconferencia “Corrupción y género”, la especialista en anticorrupción explicó que Jalisco fue la primera entidad que incorporó el enfoque de género a su Política Estatal Anticorrupción, la cual también tiene enfoque de derechos humanos, y mencionó la importancia de capacitar al personal de la administración pública estatal y municipal, sobre conceptos como equidad de género, igualdad e igualdad sustantiva, brecha de género, enfoque de género, de transversalidad, entre otros, a fin de que tengan conocimiento sobre el tema.
García Vázquez mencionó que hace 30 años la gente no sabía qué eran los derechos humanos, por ello se capacitó y sensibilizó al respecto, a fin de que la población reconociera qué era y qué no era una violación a sus derechos y cómo tenía que defenderse, a qué instituciones podía acudir, por tanto, en materia anticorrupción debe seguirse esa misma ruta para lograrlo y promover valores como la integridad y la ética.
“Es una tarea de largo plazo, así como insisto, como tuvimos una curva larga de aprendizaje sobre los derechos humanos, pues tendremos una curva de aprendizaje larga sobre la anticorrupción, sobre la transparencia, sobre la rendición de cuentas y cómo todas éstas se conectan y si se conectan de manera virtuosa hacen que la población esté protegida, que disfrute de sus derechos, que tenga acceso a la justicia; pero si no se conectan entonces evitamos el acceso a la justicia, a la reparación del daño a muchas víctimas de muchos delitos”, puntualizó.
Precisó que la corrupción no tiene género, pero afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, por lo tanto, se debe analizar el contexto en el que se da la corrupción para decir si son ellas o ellos los más corruptos; asimismo, dijo, se ha observado que al género femenino les cuesta más trabajo llegar a cargos directivos, por ello se requieren políticas públicas con perspectiva de género, para nivelar las asimetrías que existen.