Toluca, Estado de México, 13 de julio de 2023.-La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Secretaría de Seguridad estatal cumplimentaron orden de aprehensión contra nueve sujetos investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado de nueve personas, hechos ocurridos el pasado lunes 10 de julio en la nave comercial número 7 de la Central de Abasto de Toluca.
Tres de los detenidos, identificados como Pascual “N”, Bryan Alejandro “N” y Jhoan Daniel “N” desempeñan cargos en el Consejo de Administración de la Central de Abasto como presidente, tesorero y asesor, respectivamente; uno más, David Jehuel “N” es el responsable del Jurídico y Mateo “N”, encargado de seguridad en la misma Central.
Presuntamente estos cinco sujetos, bajo distintas formas de intervención se reunieron en la Central de Abasto para planear, organizar y ordenar la agresión consistente en irrumpir en el lugar, hacer detonaciones con armas cortas y quemar los espacios en los que se encontraban los comerciantes minoristas, conocidos como “Isla”, con la finalidad de que los desocuparan.
Derivado de actos de investigación y declaraciones recabadas, se cuenta con indicios que establecen que los investigados habrían amenazado en diversas ocasiones a las víctimas para que desocuparan el área donde laboraban, para tal fin iniciaron acciones legales en su contra, sin embargo los comerciantes minoristas contaban con una suspensión provisional a su favor derivado de un juicio de amparo, por lo que la administración recurrió a amenazas abiertas y directas, llegando a simular un cateo en su contra para supuestamente localizar drogas en los locales que posteriormente incendiaron y a realizar actos de extorsión a través del responsable del Jurídico quien incluso les advirtió y dio ultimátum de que de no irse los “…sacaría a como diera lugar”.
Se tiene conocimiento que el día de la agresión Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad privada en la referida Central de Abasto, fueron instruidos para no acudir al lugar de los hechos. También se sabe que el servicio de energía eléctrica de las instalaciones fue deliberadamente suspendido previo al evento inhabilitando algunas videocámaras. Adicional a ello, se permitió el libre acceso de los agresores y más grave aún, se facilitó su escape a través de las salidas que el propio personal de seguridad privada controla de manera permanente. Por si fuera poco, el personal de seguridad privada no permitió el acceso a las autoridades para atender la emergencia, obstaculizando así el debido auxilio a las víctimas no obstante que era obligación de la propia seguridad privada realizar el llamado de emergencia mediante el sistema al que se encuentran conectados, lo que nunca sucedió oportunamente.
Por tales hechos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión en contra de todos los antes mencionados por su probable intervención como ordenadores y partícipes.
Por lo que respecta a los autores materiales la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión en contra de un individuo adicional que se encuentra plenamente identificado y continúa realizando actos de investigación para establecer la identidad de los restantes. El sujeto antes referido no sólo realizó actos de vigilancia en días previos, sino que se reunió con el grupo de personas que planearon y ordenaron la agresión.
Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez y puestos a disposición de un Juez de Control quien habrá de determinar su situación jurídica, no obstante, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México refrenda su compromiso y obligación de investigar, esclarecer y actuar en consecuencia de todo hecho delictivo en la entidad, con la finalidad de detener y presentar ante la Autoridad Judicial a quienes los hayan perpetrado.