Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propone declarar inconstitucional la petición de consulta popular planteada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para juzgar a los expresidentes por considerarla violatoria de los derechos humanos.
El proyecto de sentencia será discutido el próximo primero de octubre de este año ante el pleno de ministros de la Corte, anunció este jueves el alto tribunal al poner a la disposición de la sociedad mexicana el contenido de la propuesta a través de las redes sociales del tribunal constitucional mexicano.
A lo largo del proyecto, el ministro Aguilar Morales subraya, entre otras razones, que la consulta no puede llevarse a cabo porque «restringiría los derechos humanos de un grupo de mexicanos”.
Además de que no es procedente preguntar a la ciudadanía si las autoridades encargadas de procurar justicia o impartirla, deben o no cumplir con su responsabilidad.
«La consulta popular no puede tener por objeto la restricción de los derechos de las personas, lo que implica, necesariamente, que tampoco puede consultarse si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos, pues esa es su obligación constitucional.
«A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana tiene otros medios de interacción en esa dimensión, a ella compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar, en su caso, con las instituciones del Estado» se describe en el punto 54 de la propuesta.
«Es precisamente por ello que el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional, pues someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos, pero sobre todo, implicaría desvirtuar la finalidad de la consulta popular que, como derecho humano, busca maximizar la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos, nunca disminuirlos, como podría suceder si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México», destacó Aguilar Morales.