La organización criminal denominada La Familia Michoacana tenía bajo su dominio no solo la industria de la paquetería, sino también sectores estratégicos de la economía en el sur del Estado de México, denunció el fiscal general de Justicia mexiquense, José Luis Cervantes Martínez.
En conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, dieron a conocer los resultados de la “Operación Liberación”, que dejó como saldo 48 personas detenidas, entre ellas, la tercera regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal presuntamente involucrada en delitos de extorsión y secuestro exprés.
El titular de la FGJEM reveló que el grupo criminal controlaba actividades como la minería, la distribución de materiales de construcción, ferreterías, el transporte de carga, así como la comercialización de carne de pollo y cerdo. Este control incluía extorsión directa, cobro de cuotas y, en muchos casos, la apropiación de productos o mercancía.
“Se dedicaban a las minas, comercializadoras, distribuidoras de materiales, ferreterías, de pollo y cerdo, transporte de carga y hasta a la manipulación de la paquetería. Todo lo que entraba a esas zonas tenía que pasar por ellos”, denunció Cervantes.
Uno de los esquemas más alarmantes, señaló el fiscal, era el que aplicaban a las empresas de mensajería. Las compañías estaban obligadas a entregar sus paquetes en almacenes controlados por la organización, donde se decidía qué paquetes podían circular, cuáles eran retenidos y en qué casos debía pagarse una cuota para liberar la entrega. En algunos casos, los delincuentes simplemente se quedaban con el contenido.
“Los señores del lugar decían: este paquete sí circula, este no. Si querían que circulara, había que pagar. Si no, se lo quedaban”, explicó.
El despliegue incluyó 2 mil866 elementos organizados en 63 células operativas, que realizaron cateos simultáneos en 52 establecimientos ubicados en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.
A raíz de los recientes operativos realizados por fuerzas federales y estatales para desarticular esta red de control criminal, se registraron bloqueos en varios municipios del sur y norte del Estado de México.
Las autoridades ya iniciaron diversas carpetas de investigación para identificar a los responsables y se prevé una mayor presencia de elementos de seguridad en la región.
La Fiscalía no detalló el número de empresas afectadas, pero afirmó que el objetivo es recuperar el control legal de la zona y restablecer las condiciones para que las actividades comerciales puedan desarrollarse sin amenazas.
Finalmemte Omar García Harfuch reconoció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez, del fiscal José Luis Cervantes Martínez y del secretario de Seguridad mexiquense, Cristóbal Castañeda, por su papel determinante en la coordinación con el Gobierno federal.