Mirna García Morón, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), dijo que han brindado acompañamiento y asesoría a ciudadanos que han denunciado presuntas irregularidades en el Operativo Atarraya, implementado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el combate a la delincuencia.Indicó que desde el pasado fin de semana, la CODHEM ha atendido quejas de propietarios de establecimientos, especialmente de la comunidad LGBT+, ubicados en el Valle de México, quienes reportaron cierres y decomisos sin acceso a información clara por parte de las autoridades.García Morón detalló que los afectados fueron canalizados con el Ministerio Público para acreditar la documentación requerida y gestionar la posible reapertura de sus negocios.Si bien la CODHEM no inició quejas formales, facilitó gestiones y canalizaciones, además de asesorar a los afectados sobre su derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. “Cuando la autoridad actúa, debe hacerlo conforme a la ley y respetando los derechos fundamentales. Si esto no sucede, podría configurarse una arbitrariedad que derive en ilegalidad”, subrayó.La también presidenta de la CODHEM mencionó que en seguimiento a las quejas, el organismo se coordinó con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, la cual informó que ya se iniciaron procedimientos de sanción contra servidores públicos por conductas irregulares en la ejecución del operativo. Sin precisar detalles, García Morón indicó que las autoridades internas de control han comenzado investigaciones sobre estos casos.Por otra parte aseguro que la CODHEM mantiene su labor en la defensa de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por el Estado de México. En coordinación con la Secretaría de Salud, logró que las personas extranjeras sean exentadas del pago de servicios médicos, debido a que el derecho a la salud es universal y no puede condicionarse a la nacionalidad.Finalmemte García Morón reiteró que la CODHEM seguirá atenta a la evolución del operativo y su impacto en la ciudadanía, garantizando que el actuar de las autoridades se mantenga dentro del marco legal y el respeto a los derechos humanos.