Debido a la crisis financiera que atraviesa el estado de México derivado de la caída económica y efectos de la pandemia de Covid-19, los empresarios piden al Congreso local descartar el aumento o creación de impuestos, para el ejercicio fiscal 2023, atender temas de seguridad, transparencia y rendición de cuentas, así como considerar una partida especial para la rehabilitación inmediata de las calles y caminos.
Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Estado de México (CCEM) indicó que el deterioro de las vías de comunicación municipales y estatales afecta significativamente la economía, lo que contribuye a que disminuya considerablemente el ingreso de varios sectores como el industrial, comercio, servicios o turismo.
En conferencia de prensa, exigió a las autoridades que el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras y vialidades debe contar con un mínimo de 10 años de garantía, “su conservación debe ser integral porque el mal estado atenta contra el libre tránsito, la seguridad de los ciudadanos y la competitividad”.
“Y para evitar incertidumbre y afectación directa al consumo doméstico, los diputados y diputadas locales tienen que analizar no aumentar más impuestos, y por el contrario revisar los gravámenes ya existentes”, mencionó.
Acerca del tema de transparencia y rendición de cuentas, González Hernández indicó que, por ley, los gobiernos municipales y el estatal están obligados a dar cuentas sobre el ejercicio del gasto público, sin embargo, cuando se realiza una solicitud suelen responder con información sesgada o afirmando, en su caso, que el recurso se empleó en tiempo y forma.
“Por lo que, exigimos que proporcionen información real y certera con datos comprobables. Que los integrantes de la Cámara de Diputados trabajen para que aquel ente público que dé información falsa, sea sancionado”, sentenció.
En el rubro de seguridad pública, observó, que en el Estado de México ya hay pasos adelantados como el anuncio reciente de la modificación al Código Penal, no obstante, tiene que ser una realidad para una debida aplicación del modelo de justicia cívica y prevención.