La ofensiva antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico “puede estar produciendo ejecuciones extrajudiciales sin que exista un solo mecanismo de verificación independiente”, advirtió a EFE la directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Nastassja Rojas, quien pidió al Gobierno de Donald Trump “claridad” sobre los más de 80 muertos.
”Los derechos humanos no se desactivan en alta mar, ni por tratarse de operaciones contra el narcotráfico”, afirmó Rojas en una entrevista en Bogotá.
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La directora adjunta de AI en Venezuela subrayó que la falta de transparencia por parte de la Administración estadounidense limita la capacidad de las organizaciones para monitorear la situación y verificar el respeto de las normas internacionales.
Académica y defensora de derechos humanos, Rojas lleva más de una década estudiando la crisis venezolana desde Colombia y hace un año asumió la dirección adjunta de la ONG para Venezuela, desde donde coordina las respuestas de emergencia y documentación de abusos.
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Con un pie en cada país, la activista venezolana insistió en que todos los Estados deben garantizar que sus acciones militares, incluida la lucha contra el narcotráfico, se realicen bajo parámetros claros de legalidad, especialmente cuando se llevan a cabo en aguas internacionales.
RIESGOS PARA CIVILES Y MIGRANTES
Aunque Estados Unidos sostiene que estos operativos están dirigidos contra redes del narcotráfico, Amnistía Internacional advierte que su impacto puede extenderse a comunidades costeras, pescadores artesanales y migrantes que utilizan rutas marítimas para huir de la región.
La organización, cuenta Rojas, ha documentado que parte de la migración venezolana más reciente incluye personas que se desplazan por vías marítimas irregulares, lo que las coloca en riesgo de ser interceptadas en medio de operativos militares en los que no existen mecanismos adecuados de verificación.