
En un movimiento con fuerte carga política, el diputado Octavio Martínez Vargas propuso una reforma constitucional que busca eliminar el fuero a todos los servidores públicos del Estado de México, con el argumento de que este privilegio ha dejado de ser una figura de protección institucional para convertirse en símbolo de impunidad.
El legislador sostuvo que la ciudadanía demanda igualdad ante la ley, por lo que eliminar el fuero representa un paso hacia la consolidación de un gobierno más transparente y responsable. “El fuero ya no es un escudo para proteger la función pública, sino un obstáculo para la justicia”, enfatizó.
La iniciativa plantea modificar los artículos 42 y 131 de la Constitución local para permitir que cualquier servidor público, incluyendo diputados, magistrados, jueces, el fiscal general y titulares de organismos autónomos, puedan ser procesados penalmente sin necesidad de desafuero, como ya ocurre en entidades como Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Baja California.
Martínez Vargas subrayó que eliminar el fuero no implica abrir la puerta a persecuciones políticas, pues existen órganos de control y un sistema judicial capaz de garantizar procesos con apego a la legalidad.
“Hoy en día el fuero es percibido socialmente como sinónimo de impunidad; eliminarlo fortalece la rendición de cuentas y elimina privilegios procesales que obstaculizan la justicia”, remarcó el diputado.
De aprobarse, la reforma marcaría un precedente político en la historia mexiquense, al colocar en el mismo plano jurídico a las y los servidores públicos con la ciudadanía, enviando además un mensaje de renovación moral y legal en un contexto de transformación institucional.
