El Congreso del Estado de México aprobó tipificar el delito de usura, que abarca modalidades como los llamados “préstamos gota a gota”, y estableció sanciones de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 395 mil 990 pesos.
La reforma, promovida por el diputado Octavio Martínez Vargas (morena), responde a la necesidad de frenar prácticas que implican el cobro de intereses excesivos y desproporcionados, generalmente bajo condiciones opacas, injustas y carentes de regulación.
Estas modificaciones al Código Penal estatal establecen que comete el delito de usura quien, aprovechándose de la necesidad económica apremiante, ignorancia o inexperiencia de otra persona, mediante contratos, convenios o documentos mercantiles o civiles, formales o informales, incluidos aquellos simulados, otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios, obteniendo intereses superiores al doble de las tasas fijadas por el Banco de México a intermediarios financieros para operaciones similares.
Los ajustes al Código Penal estatal, cuyo dictamen fue leído en sesión deliberante por el legislador Vladimir Hernández Villegas (morena), detallan que el delito se sancionará con pena de uno a 15 años de prisión, y multa de 100 a 3 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente (lo que, con el valor actual de 113.14 pesos, resulta en 395 mil 990 pesos).
Desde tribuna, el legislador Octavio Martínez Vargas señaló que, aunque desde 1908 existe una ley federal para regular la usura, en la entidad este delito no estaba tipificado en el Código Penal, sino que únicamente se contemplaba como fraude, lo que ha favorecido el aumento de este tipo de actividades delictivas.
La exposición de motivos de la iniciativa resalta que la tipificación de la usura como un delito autónomo es una medida necesaria y urgente, que traería consigo beneficios jurídicos, sociales y operativos.
Detalla que esta medida permitirá reconocer y visibilizar la usura como una forma específica de abuso económico, que se aprovecha de la necesidad, la marginación o la falta de acceso al sistema financiero formal, y que coloca a las víctimas en situaciones extremas de endeudamiento y vulnerabilidad.
Se señala que, al contar con una figura penal propia, se facilitarán la investigación, la integración de carpetas y la judicialización de los casos, al eliminar las ambigüedades que actualmente derivan de su encuadramiento dentro del delito genérico de fraude.
Asimismo, fortalecerá la protección de personas en situación de vulnerabilidad como mujeres jefas de familia, adultos mayores, personas indígenas o en pobreza mediante la incorporación de agravantes específicas.
Finalmente, la reforma contribuirá a generar un efecto disuasorio, al enviar un mensaje normativo contundente contra la explotación financiera informal y promover el acceso a mecanismos legales y regulados de crédito y financiamiento.