Al reconocer que el delito de extorsión es “el único que no hemos podido disminuir, sigue aumentando”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó esta mañana una iniciativa de reforma constitucional para otorgar al Congreso de la Unión facultades para expedir una ley general de tipo penal que combata a ese ilícito en todo el país.
“Hoy quien denuncia la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida, ahora quien se asume como víctima es el Estado mexicano, y el delito se persigue de oficio”, subrayó la mandataria.
“Lo que haga falta para erradicar el delito de extorsión”, que ha aumentado, sostuvo. Le quitamos a la víctima el peso de la denuncia, porque muchas veces no se denuncia por “miedo o no regresan a ratificar”.
Hoy mismo se envía la iniciativa a la Cámara de Diputados; confió en que todas las fuerzas políticas aprueben la propuesta de reforma.
La consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, señaló que en la normativa se debe establecer como mínimo la homogeneización del tipo penal para combatir la extorsión, así como las modalidades bajo las cuales se comete, “a través de herramientas de investigación eficaces, bajo los principios de coordinación y colaboración institucional”.
Se propone la modificación al artículo 73 constitucional, fracción 21, inciso A, para incluir ese delito en las leyes generales que establecen tipo penales y sanciones en materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como lo electoral.
Esto es posible, señaló, por la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
“Para que tengamos un combate estratégico de este delito mediante acciones de investigación e inteligencia; programas y capacitación de personal especializado; canales de denuncia, seguimientos coordinados; atención efectiva a las víctimas, ofendidos y testigos; líneas de investigación efectivas para lograr la reparación integral del daño, etcétera”.
Y que “de una vez por todas se establezca una ley en la que, con claridad y contundencia, se establezca que quién es la víctima es el Estado, por los efectos y las consecuencias que este delito”.